Desde el 2014, 6.8 millones de personas han dejado Venezuela.
Solo superada por el éxodo provocado por los ucranianos (7.4 millones) -luego de la invasión rusa-; esta es la segunda crisis migratoria más grande del mundo, arrebatándole el puesto a los desplazados por la guerra de Siria, iniciada hace más de una década.
Aunque las crisis migratorias suelen ser provocadas por conflictos armados o desastres naturales, la de Venezuela se puede achacar exclusivamente a la deplorable gestión del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Asumiendo el poder en 2013, una serie de factores han confluido a que casi un 25% de la población haya decidido abandonar el país durante su mandato.
La enorme dependencia al petróleo y la falta de inversión en dicha industria han paralizado su comercialización, sin encontrar otras fuentes paralelas de ingresos. Lo anterior ha provocado el desplome económico más grande que se ha visto en un país sin una guerra dentro de sus fronteras. Esta falta de recursos también se ha traducido en una ausencia del Estado en entregar servicios básicos, precarizando enormemente la calidad de vida de sus ciudadanos.
A pesar que la población se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar esta situación, el asesinato de centenares de personas por parte del régimen ha frustrado cualquier cambio de rumbo, logrando mantener a Maduro en el poder a través de diversos fraudes electorales.
Si bien la pandemia por algún momento desaceleró este flujo, recientemente se ha identificado una nueva intensificación del éxodo.
Con 700.000 personas que han abandonado el país desde noviembre pasado, Chile se ha visto crecientemente desafiado con la situación. Si bien es el cuarto país receptor de migrantes venezolanos luego de Colombia (2.5 millones), Perú (1.3 millones) y Ecuador (502.000); la compleja situación económica en aquellos países por las consecuencias del Coronavirus ha aumentado el interés por migrar al extremo sur del continente. Desde inicios del 2022, se ha registrado un colapso de ingresos en el paso fronterizo de Colchane, ubicado a kilómetros de la frontera boliviana. Gran parte de estos, se hacen de manera irregular, ayudados por la gran extensión territorial que tiene esa franja.
Desbordando completamente la capacidad de acción del gobierno, la crítica situación movió incluso a que el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su discurso ante la ONU hiciera una denuncia: “La crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y sociedad”. Las crisis migratorias no son problemas locales de cada país, sino que involucran a todos los actores regionales, que a su vez deben ser apoyados por instituciones globales que coordinen y organicen la ayuda. A diferencia de la crisis en Ucrania, donde la Unión Europea ofrece un espacio de comunicación, coordinación y financiamiento entre los Estados receptores de migración; las relaciones entre los países de América son más complejas, lo que dificulta obtener esta perspectiva. Por ejemplo, la inexistencia de relaciones diplomáticas con Bolivia no ha permitido este contacto entre burocracias que resulta crucial en situaciones como estas. A pesar que se han prometido recursos de instituciones mundiales para poder abordar la situación, solo un 10% de aquellos han sido utilizados.
Las palabras de Boric provocaron que una de las figuras más importantes del régimen chavista, Diosdado Cabello, lo tildara de ‘bobo y mentiroso’, acusándolo de seguir el juego a Estados Unidos. La incapacidad del régimen de comprender la devastación que ha causado a millones de personas, sumado a una oposición que en los últimos 20 años no ha podido coordinar una estrategia para sacarlos del poder, dificultan encontrar posibilidades de un cambio de rumbo. De esta manera, parece lejana una solución al problema de fondo que provoca la crisis migratoria, manteniendo un desafío sin precedentes en el continente americano.
